Según el Concepto Sala de Consulta C.E 1732 de 2006 del Concejo de Estado, un proponente es quien participa en un proceso de selección por concurso, licitación o similares. También se considera oferente u ofertante de propuestas para el Estado, quienes presentan garantías de seriedad sobre sus ofrecimientos. Por esta razón al referirnos al PROPONENTE, estamos hablando de aquellos que realizan procesos de selección, y no de aquellos que realizan contratos directos.

Según el Decreto 1464 de 2010 en relación a la verificación de condiciones del proponente y la acreditación para el Regístro Único de Proponentes, se expresa en el numeral 11 que un proponente es toda persona natural o jurídica que aspire a celebrar contratos con entidades estatales (en el sentido expreso de concurso o licitación pública)

¿Desde cuando funciona el RUP?
Según Confecámaras, desde la Ley 80 de 1993 que luego fue modificada por la Ley 1150 de 2007 el Estado Colombiano delegó la responsabilidad a las Cámaras de Comercio del país, a realizar el registro de personas naturales y jurídicas en el REGÍSTRO ÚNICO DE PROPONENTES, con la intención de establecer las reglas en el marco normativo para aquellos que desean licitar o contratar con el estado, por medio de concursos y procesos de selección, clasificando y calificando en el pliego de condiciones de cada uno de los contratos en los que participe.

Ya con el entendimiento mas claro, podemos concluir que hay contratación dirigida o directa, y contratación por concurso, que es obligatorio la experiencia previa para poder solicitar el RUP, que el RUP no es necesario en todos los escenarios de contratación estatal y que la información contenida en el RUP sale de su experiencia y sus estados financieros. A continuación continuaremos explicando la razón de ser del RUP.

¿Para qué sirve el RUP?
Según Colombia Compra Eficiente, la plataforma de contratación estatal, por la cual se implementa el SECOP o Sistema Electrónico de Contratación Pública, el RUP es necesario para poder aplicar en el pliego de condiciones exigidos por algunas entidades del Estado, para poder participar en ciertas licitaciones públicas y concursos, debido a que de esta manera, el proceso evaluativo de las personas naturales y jurídicas, puede ser mas objetivo de acuerdo a la capacidad financiera de la empresa, la capacidad organizacional, la capacidad jurídica, entre otros, que son indispensables a la hora de entregar algún contrato estatal.